La Diputada Nacional por Unión por la Patria, Agustina Propato, presentó un proyecto de resolución en la Honorable Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo información detallada sobre el ciberataque sufrido por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el pasado 27 de noviembre. Este incidente ha generado gran preocupación debido a la posible exposición de datos sensibles relacionados con el desarrollo nuclear del país, incluyendo el Proyecto CAREM, que representa un avance estratégico para Argentina.
El proyecto plantea una serie de preguntas clave al Ejecutivo, entre ellas: qué tipo de virus afectó los sistemas de la CNEA, si se han identificado a los responsables del ataque, y qué medidas se han implementado para proteger la infraestructura crítica tras este incidente. Además, se busca conocer si la reducción presupuestaria que sufrió el sector nuclear este año, del 0,31% al 0,21% del PBI, pudo haber comprometido la capacidad de respuesta y seguridad del organismo.
“La CNEA es una institución estratégica para el desarrollo nuclear de nuestro país, y este ataque cibernético expone una preocupante vulnerabilidad en la protección de nuestra infraestructura crítica. Es imprescindible que el Ejecutivo dé explicaciones claras y adopte medidas concretas para evitar que algo así vuelva a suceder”, señaló Propato al presentar la iniciativa.
El ciberataque ocurre en un contexto de ajustes presupuestarios que, según expertos y trabajadores del sector, han afectado las capacidades operativas y de seguridad de organismos clave. La resolución también indaga sobre la participación de asesores extranjeros en la seguridad informática del organismo y las medidas preventivas tomadas tras el incidente.
Este hecho ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad en sectores estratégicos como el nuclear. Propato destacó que, como parte del exclusivo grupo de países con desarrollo nuclear avanzado, Argentina no puede permitirse debilitar su posición internacional ni comprometer su soberanía tecnológica.
La solicitud de informes ahora espera su tratamiento en el Congreso, mientras aumenta la presión pública por respuestas que aclaren la magnitud del ataque y las medidas implementadas para resguardar la seguridad de uno de los activos más importantes del país.